Por: Francisco Rocael Mateo Morales
En el marco del ajuste estructural neoliberal, se aprobó en Guatemala la Ley General de Electricidad (Decreto 93-96), que ha instituido hasta la fecha el andamiaje jurídico e institucional del actual modelo energético que tiene objetivos fundamentales, satisfacer las demandas de las industrias, y abastecer el mercado eléctrico regional. En este sentido, la energía eléctrica dejó de ser un servicio y derecho público, y se convirtió en una mercancía bajo el control de empresas privadas nacionales y transnacionales; el actual modelo energético representa la continuidad del colonialismo, despojo y sometimiento histórico de los pueblos.
El discurso de energía limpia, barata y amigable por parte de operadores del actual modelo energético neoliberal, ha sido un mito y a la vez un insulto a la inteligencia y dignidad de los pueblos. La energía como mercancía ha beneficiado directamente al sector privado nacional y transnacional, en detrimento de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La energía barata nunca llego, al contrario, se pagan tarifas elevadas, con aumentos constantes y sistemáticos; los usuarios residenciales no pagan por lo que consumen, porque en Guatemala se impone un sistema de fijación de precios de manera fraudulenta, las facturas llegan con tres cargos fijos: el Impuesto del Valor Agregado –IVA-, el Valor Agregado de Distribución -VAD- y el pago de Alumbrado Público, considerados un robo descarado. Tampoco existe energía limpia y amigable, porque este modelo energético ha atentando contra la vida de los ríos, ha sido la causa de una serie de conflictos sociales, división comunitaria, criminalización de las luchas, asesinatos, militarización de territorios, entre otras.
Ante esta realidad, en diferentes regiones del país, han surgido iniciativas locales de gestión de energía eléctrica con autonomía comunitaria, a partir de un claro ejercicio de libre determinación. En la Zona Reyna, Uspantan, del departamento del Quiche, por ejemplo, por iniciativa propia, esfuerzos locales y cooperación solidaria, han sido construidas cuatro mini hidroeléctricas comunitarias que se han convertido en un modelo alternativo al sistema energético dominante. “En mayo de 2012, fue reinaugurada la turbina Unión 31 de mayo, con 65KW; en mayo de 2015, la de Lirio Putul, con 90KW; en octubre de 2016, la turbina de La Taña, con 90KW; y en noviembre de 2017, la de La Gloria, con 45KW. Hoy, las cuatro turbinas proveen energía eléctrica a diez comunidades y un total de 1,240 familias.”1
En el departamento de San Marcos, existe también un movimiento importante de autonomía energética. En la comunidad de San Pablo, Tacana, se ha construido el proyecto Luz de Todos: Hidroeléctrica comunitaria HIDRO SAN PABLO S.A. TACANA, que fue autorizado por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante dictamen (658-2018/DCN/DDSM/JNCR/jncr). El Costo de este proyecto fue asumido por la comunidad a partir de un préstamo otorgado por Coop572 y colaboración de la municipalidad. Este proyecto constituye un esfuerzo colectivo para la independencia energética que beneficia a 162 familias. Además de la generación de energía eléctrica, en este proyecto se integra la producción de trucha y ecoturismo. En el municipio de San Pablo se encuentra en proceso de construcción tres proyectos bajo la misma modalidad: Hidro Maya, La Igualdad y Quetzalí. A nivel nacional existen otras experiencias exitosas y otros proyectos en proceso de gestión, que robustecen el movimiento emergente de autonomía energética comunitaria.
En este contexto, las experiencias de gestión comunitaria de energía eléctrica, tienen en común, principios fundamentales de la filosofía y cosmovisión Maya, como el ejercicio de la democracia comunitaria que implica decisiones asamblearias y mandato obediencial, carácter colaborativo y voluntariado de la población, el aprender haciendo, consulta, complementariedad y respeto a la madre naturaleza. Constituyen una forma directa de satisfacer necesidades básicas de la población ante la exclusión histórica del Estado, una estrategia preventiva para proteger los ríos ante amenazas de grandes proyectos hidroeléctricos privados; y una respuesta contundente ante los abusos y el carácter criminal de la empresa comercializadora Energuate que hasta 2023 era propiedad de la empresa israelí IC Power Ltd, subsidiaria de Kenon Holdings, parte del grupo Israel Corporation Group.
Este modelo energético autónomo y comunitario, se diferencia del actual modelo neoliberal, porque el servicio de energía eléctrica busca satisfacer directamente las necesidades básicas de la comunidad y no el lucro, las tarifas se deciden en asamblea comunitaria y paga más, quien consume más, los operadores del proyecto son personas de la misma comunidad, el impacto ambiental es mínimo porque los ríos no se represan, garantiza la armonía comunitaria y el equilibrio con la madre tierra.
La construcción de un nuevo modelo energético con autonomía y soberanía para el buen vivir de los pueblos, cada vez toma relevancia, porque se está forjando desde abajo. Para poner fin a los obstáculos legales, institucionales y políticos que enfrenta actualmente la gestión comunitaria de la energía eléctrica; es urgente transformar la actual Ley General de Electricidad en Guatemala; construir consensos y fuerza política hacia el Proceso Constituyente para una nueva Constitución Plurinacional, que garantice el ejercicio pleno de la democracia comunitaria, autonomía y libre determinación, los derechos de la madre tierra, de la abuela agua y para un nuevo sistema económico plural, social y comunitario.
1 https://www.jotayguatemala.org.gt/es/articulo/luz-comunitaria-en-la-zona-reina-un-nuevo-modelo-energetico-sostenible-y-justo
2 Instrumento financiero denominado Coop57: https://coop57.coop/es y https://coop57.coop/es/noticia/luz-de-todos-cooperativismo-solidaridad-internacional)
